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por movimiento300

“Ley de educación en afectividad y sexualidad responsable” es la propuesta de ley que tres diputados llevaron ayer a la Asamblea Legislativa para impulsar que la responsabilidad de educar a los niños en esos temas sea potestad del Estado, tanto en colegios públicos y privados. Más allá de las intenciones y sus consecuencias, la lógica tras la iniciativa merece algunas reflexiones claves.

 Durante décadas, en muchos países se ha impulsado la idea fallida que la solución de todos los problemas de un país se pueden resolver solo desde el Estado. Pero en la práctica siempre ha quedado evidenciado que el Estado no es capaz de resolver las necesidades de los individuos; mismos problemas que sí han demostrado eficiencia en su solución desde iniciativas de la sociedad civil.

 Ese es el primer gran tema relevante de la propuesta: la idea equivocada que el Estado debe ser el responsable de la educación de los niños en un tema tan delicado como la sexualidad. Este tema, además, riñe con el artículo 55 de la Constitución que da el derecho preferente de elegir la educación de los hijos a los padres. El Estado no es padre y delegar esa responsabilidad tan importante a un conjunto de burócratas es de sobremanera peligrosa porque descansa tan importante labor al dueño del poder en turno.

La segunda reflexión que alerta es que la debilidad del Estado de Derecho ha permitido que todos los métodos y programas de educación hayan sido impregnados por las ideologías del poder en turno, lo que abre las puertas a la posibilidad que, desde ahí, en lugar de formar, se desinforme a la niñez y juventud. Es inviable pretender imponer la moral de una minoría a la mayoría, sea cual sea la visión de quien esté liderando ese esfuerzo.

Lo tercero, e igual de importante, es la falsa presunción que el Estado será capaz de hacer las cosas bien, cuando hasta la fecha, y la historia lo ha demostrado, cada esfuerzo del Estado termina en burocracia, ineficiencia e incapacidad para solventar las necesidades de los ciudadanos.

En concreto, en Chile por ejemplo la Ley 20.418, misma que ha sido la base para la propuesta en discusión en el país, aumentó el 105% de enfermedades de trasmisión sexual, entre ellas el VIH; y si bien es cierto bajó la tasa de embarazos, aumentó en un porcentaje considerable los abortos, todo esto desde 2010 hasta 2018 con mediciones bianuales.

Si hoy el Estado es incapaz de resolver el principal problema de los salvadoreños, su seguridad física, ¿por qué habría de ser bueno en un tema tan relevante?

Siempre las soluciones de los estatistas son planteadas como si no existiera otra alternativa. Para nosotros las hay. En primera instancia, si la responsabilidad y el derecho es de los padres para educar a sus hijos, ¿por qué no realizar esfuerzos en esa línea? Construyamos una sociedad donde los padres tengan acceso a educación sensata, honesta y prudente sobre el tema para que sean ellos quienes trasmitan desde su libertad la información más adecuada para los niños.

 ¿Quién dice que solo el Estado puede educar? En todo el país hay cientos de esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil para promover buenas prácticas en la ciudadanía. ¿Por qué no impulsar esos esfuerzos para que los ciudadanos tengan más acceso? ¿Por qué mejor el Estado no da incentivos fiscales para que las empresas donen a esas iniciativas que muestran ser más efectivas? El Estado no es padre, pero puede ser un buen amigo que no estorbe y colabore dejando a los privados actuar para que las buenas intenciones no sean desfiguradas por burócratas, sino ejecutadas por los que han demostrado hacerlo bien.

 

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EL ESTADO NO ES PADRE